Miércoles, 9 de febrero de 2007
Cañizares: «Educación para la Ciudadanía es terriblemente mala y distorsiona la verdad»
La Conferencia Episcopal Española (CEE) prepara su «contundente y detallada» respuesta a la legislación educativa aprobada por el Gobierno. El Comité Ejecutivo de ayer sentó las bases para la elaboración de un documento que previsiblemente será ratificado por la Comisión Permanente, que se reunirá a finales de mes. Tras una larga e infructuosa negociación con el Ministerio de Educación -que se cerró el 5 de diciembre con «enormes dificultades no superadas», según anunció entonces la CEE- los obispos aplazaron su «valoración» hasta que el Gobierno aprobara los diferentes reglamentos que desarrollan la LOE y el Comité Ejecutivo los pudiera estudiar «con precisión».
Así, valorados los Reales Decretos que desarrollan los contenidos mínimos de Primaria y Secundaria, la respuesta de la CEE se centrará en tres puntos: los cambios en la asignatura de Religión, el estatus de los profesores que la imparten y los contenidos de Educación para la Ciudadanía.
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De hecho, para evitar esta «intromisión en la educación moral de los alumnos» los obispos se han mostrado favorables a aceptar Educación para la Ciudadanía siempre que fuera optativa, e incluso propusieron al Gobierno que pudiera ser una alternativa para la Religión.
La situación es más grave, si cabe, con respecto a Religión. La LOE la relega a dos disposiciones adicionales. La CEE ya expresó su preocupación ante determinados aspectos que afectaban «a lo pactado en los Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español». En concreto se referían a estas disposiciones adicionales. Tras conocerse los reales decretos, su estatus ha empeorado.
Así, en Primaria, el Gobierno insta a los colegios a que procuren la «debida atención educativa» a los que no elijan Religión. En Secundaria, los alumnos optarán entre la asignatura confesional, una laica o la «atención educativa» que les proporcione el centro. Además, los reales decretos prevén una reducción de las horas lectivas de la materia, en Secundaria, de más de un 30%.
El estatuto jurídico de estos profesores es el otro punto de conflicto. Los docentes de Religión eran nombrados cada año por cada diócesis y contratados por la autoridad educativa. Ahora, el ministerio quiere que sean nombrados una sola vez por los obispos y sus contratos renovados de manera automática.
Miércoles, 9 de febrero de 2007
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La tesis mayoritaria en dicho Comité se ha inclinado por «hacer patente el profundo desacuerdo» con el Gobierno socialista acerca de la definitiva regulación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Religión, así como el malestar provocado por la falta de receptividad del Ministerio de Educación acerca del futuro de los docentes de esta materia.
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Las mismas fuentes no descartaron que el Episcopado «valore positivamente, incluso anime» la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante esta norma, así como la objeción de conciencia de los padres frente a lo que la Casa de la Iglesia denomina «inaceptable intromisión del Estado» en la educación moral, que «compete a las familias».
La educación es, junto al «impacto del laicismo», el problema más importante que habrán de afrontar durante 2007 los obispos españoles. Así, desde comienzos de año se han producido una serie de intervenciones públicas, en las que destacados responsables del Episcopado han apuntado la «hoja de ruta» ante «este nuevo desafío». El primero en hacerlo fue el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, quien el pasado 30 de enero alertó contra el «laicismo radical» que se encerraba tras la ley de Educación. Y el pasado sábado, el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares, denunciaba que «Educación para la Ciudadanía es terriblemente mala porque distorsiona la verdad del hombre».
Además, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, asegura que «la intromisión» del Estado en la educación «no cabe en un Estado democrático». Martínez Camino muestra sus «serias dudas» sobre si los contenidos de Educación para la Ciudadanía son constitucionales, y añade que en la Ley Orgánica de Educación (LOE) la clase de Religión es optativa, mientras que la nueva materia es obligatoria, lo que supone, en su opinión, «un indicio grave de que eso no es correcto», según explicó en una conferencia impartida en la Fundación Universitaria Española.
