Miércoles, 31 de enero de 2007

Las nuevas leyes forzarán a entregar la custodia de los niños sin tener en cuenta la opción sexual

Las relaciones entre el Gobierno británico y la Iglesia pasan un momento de intensa tensión por sus disputas sobre el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños. Una nueva ley contra la discriminación de los gays forzará a las agencias de adopción, incluidas las católicas, a tratar con absoluta igualdad a todos los solicitantes, sin tener en cuenta su tendencia sexual. La Iglesia católica, con el respaldo de la anglicana, ha criticado la «arrogancia» del Ejecutivo de Tony Blair por imponer una «nueva moralidad» a sus seguidores y forzarles a actuar en contra de sus conciencias y sus creencias religiosas.

El pulso estalló la semana pasada, cuando el líder del catolicismo británico, Cormac Murphy-O'Connor, publicó una carta abierta en la que amenazó con cerrar sus siete agencias de adopción si no les eximían del cumplimiento de la ley. Según él, la clausura de unos centros que buscan amparo a unos 200 niños sin hogar cada año, entre ellos un tercio de los casos más complicados, sería una «catástrofe evitable». Su campaña obtuvo el respaldo de Rowan Williams, líder del anglicanismo, la religión mayoritaria en el país, que aseguró que «los derechos de conciencia no pueden someterse a legislación, por muy buenas que sean sus intenciones».

No a una vía intermedia

Ante esta rebelión de las autoridades religiosas, Blair se comprometió a buscar un camino intermedio que protegiera la labor de las agencias de adopción, pero que no restara credibilidad a la ley contra la discriminación. Según la Prensa, varios integrantes del Gobierno, entre ellos la ministra Ruth Kelly, simpatizante del Opus Dei, le habían presionado para que eximiera al catolicismo del cumplimiento de la nueva ley. Al parecer, estos argumentos convencieron al primer ministro, un anglicano practicante que podría convertirse al catolicismo cuando abandone Downing Street, que prometió a la Iglesia que tendría en cuenta sus peticiones a la hora de redactar la ley.

   Sin embargo, estas maniobras de última hora irritaron a numerosos integrantes del Gobierno, que consideraban que cualquier excepción a la regla general limaría eficacia a la medida y sentaría un peligroso precedente. Aprovechando que la autoridad de Blair pasa por horas bajas según se acerca su jubilación, varios ministros se pronunciaron en público en contra de cualquier apaño.

    Por ejemplo, la ministra de Justicia, Harriet Harman, recordó que «no se puede estar en contra de la discriminación, pero sólo un poco». Aún más lejos fue el titular de Educación, Alan Johnson, que aseguró que no encontraba «sentido a ninguna excepción y el primer ministro tampoco». Ante este inesperado motín en su Consejo de Ministros, Blair se vio obligado a dar marcha atrás y en la tarde del lunes confirmó que no habrá excepciones en la ley.

    «Profunda decepción»

    Su única concesión fue instaurar un plazo de gracia de unos veinte meses para que las agencias católicas se adapten a la nueva normativa. Mientras tanto, estarán obligadas a reenviar a los solicitantes homosexuales a otras organizaciones que cumplan desde el primer momento la legislación. La encargada de defender este acuerdo fue la propia Kelly, que aseguró que el nuevo borrador «permitirá eliminar la discriminación, pero reconoce la necesidad de un enfoque práctico para que los niños más vulnerables encuentren un hogar».

    Tras conocerse la decisión definitiva de Blair, el cardenal Murphy-O'Connor mostró ayer su «profunda decepción» por la negativa del Gobierno a atender sus peticiones, aunque anunció que buscará alguna manera de que sus agencias puedan continuar con su labor social sin romper la ley. Además, el líder de los católicos aseguró que esta iniciativa podría empujar a las personas religiosas fuera de la esfera pública. «En este caso, la Iglesia y sus servicios de adopción quieren actuar de acuerdo con sus principios y su conciencia, pero el Gobierno les ha respondido: “No, no lo permitiremos, no tenéis espacio en la vida pública de este país”», criticó el cardenal en una entrevista con la BBC.